Más sobre la violación a los Derechos Humanos en Oaxaca.

Parece increíble que aun pleno siglo XXI los cazicasgos, la falta de respeto por la vida y el abuso de poder por parte de las autoridades "emanadas democráticamente" del pueblo -aja- se sirvan de sus cargos públicos para reventar a la sociedad. Aun más increíble es que los defensores de los derechos humanos en nuestro estado no compartan esa vocación, mas al contrario la ataquen.

Es cierto que por un lado los grupos ofendidos se sirvan del sufrimiento de sus mismos correligionarios para hacerse de poder, terrenos, taxis y dinero, todo esto escudándose en las ideas de izquierda. Ante esta pantomima la sociedad en general no da su apoyo ya que tanto hay abusos de un lado como de otro.

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Evencio Martínez es un funcionario público muy peculiar. Nacido en Silacayoapam, distrito de la Mixteca, presume de ser gran conocedor de los derechos humanos. Sin embargo, el procurador de Justicia de Oaxaca, ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ex director jurídico y de Gobierno y ex subsecretario de Gobierno, no tiene en muy alta estima a quienes los defienden. Según él, “las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos no tienen moral y no tienen ética. No son imparciales”.

Igual convicción tiene su subalterna Rosario Villalobos Rueda, subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado. De acuerdo con ella, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no merecen mucho crédito, porque “actúan presionadas por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos”. Quizás por eso la funcionaria defendió semanas atrás a la directora del Instituto San Felipe, acusada por los padres de un niño de prescolar, presuntamente violado en la institución escolar, de proteger a los pederastas.

Por supuesto, este desprecio de las autoridades oaxaqueñas por los derechos humanos y sus defensores no es exclusivo de quienes están encargados por ley de su defensa. Más bien, es una “cualidad” compartida por el conjunto de la administración pública, comenzando por el jefe del ejecutivo estatal.