¿Quién se robo el dinero de los Oaxaqueños?

El gobierno de José Murat utilizó toda clase de tácticas dilatorias, como no enviar los informes, no contestar los oficios e iniciar juicios legales para no permitir que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditara las cuentas de 23 municipios y de dos fondos federales del Ramo 33 en Oaxaca.

Un documento de la ASF detalla cómo desde el 2002, el Ejecutivo y la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de Oaxaca, impedían la revisión de las cuentas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (que ejerció 10 mil 373.9 millones de pesos en ese periodo) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (cuyo gasto fue de 4 mil 238 millones en el periodo de Murat).

En 2002, la ASF le pidió a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado que aplicara auditorías a 14 municipios y nunca recibieron los informes respectivos, dice el documento.

Los municipios que debieron haberse auditado para revisar las cuentas del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), son: Ciudad Ixtepec, Huajuapan de León, Loma Bonita, Oaxaca de Juárez, Pinotepa de Don Luis, Pinotepa Nacional, Salina Cruz, San Carlos Yautepec, San Jacinto Amilpas, San Pablo Etla, San Sebastián Tutla, Santa Cruz Amilpas, Santa Lucía del Camino y Santa María del Tule.

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Dos facturas duplicadas son sólo algunas de las huellas que ha dejado el gobierno del estado de Oaxaca sobre el mal manejo de los recursos públicos que les ha entregado el gobierno federal en los últimos ocho años y que alcanzaron, incluidos los de este 2006, unos nueve mil millones de dólares.

Mediante una de esas facturas, que son parte del expediente de las extensas auditorías a las que son sometidas las administraciones de Murat y Ruiz, se puede comprobar, por ejemplo, que Ferroeléctrica Gurrión, SA de CV (el grupo Gurrión ha sido acusado de haber sido el principal privilegiado en el otorgamiento de obras públicas en el periodo de Murat) le facturó, el 14 de octubre de 2002, 800 bolsas de cemento al gobierno del estado, a un valor unitario de 63.04 pesos cada una.